Editorial • Septiembre 2010

El conflicto creado por la decisión del Gobierno nacional de ordenar el cierre de Fibertel, proveedora de Internet y parte del monopolio Clarín, y de intervenir Papel Prensa, la compañía que provee de papel a unos 170 diarios de todo el país, ha desatado, otra vez, una ola de ataques desde y hacia ambos lados del espectro político argentino, en donde nunca parece haber grises, sino sólo blancos o negros.
Desde el Gobierno se argumenta que la verdadera información independiente no puede estar en manos de monopolios con intereses en distintos sectores empresariales; por eso es necesario desintegrarlos y abrir el juego. Los perjudicados esgrimen que la intención del Gobierno es contar con una prensa adicta, y que no tienen ningún problema con los monopolios que responden a sus intereses. En este sentido, creemos que ambos tienen cierta parte de la razón.
Lo mismo sucede con Papel Prensa, organismo en el que el Estado cuenta con el 27.5% de las acciones, Clarín el 49% y La Nación el 22.5%. De acuerdo a lo expresado en un comunicado oficial conjunto divulgado por Clarín y La Nación, "Los accionistas privados de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del Gobierno Nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información, y esto es lo que el Gobierno viene buscando a través de varias herramientas: la propaganda oficial, la ley de medios, el control del acceso a la información, el manejo militante de los medios públicos y la multiplicación de los medios paraoficiales”. El Gobierno, por su parte, denuncia irregularidades de la empresa en el manejo financiero y competencia desleal para el suministro de papel a sus clientes beneficiando a Clarín y La Nación.
Otra vez, la razón está en ambos lados. Los grupos económicos que lideran estas empresas periodísticas buscan apoderarse de la mayor parte posible del mercado y eliminar la competencia. Es lo normal, la pluralidad de la información no es su objetivo ni su preocupación. El objetivo es el lucro, aún cuando sus planes monopólicos vayan en detrimento de los intereses del pueblo. Y aquí es donde resulta esencial la intervención del Gobierno para frenar los avances de las corporaciones sobre los intereses de la ciudadanía.
Las intenciones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de regular la actividad de los monopolios informativos es digna de destacar. El problema es que, al tratarse de una administración que nunca se ha caracterizado por la transparencia y que en varias ocasiones ha caminado al límite del autoritarismo, carece de la autoridad ética necesaria frente a los argentinos para llevar adelante esos cambios y regulaciones con el masivo apoyo del pueblo, algo necesario cada vez que un gobierno debe enfrentarse a poderosos intereses económicos. Tan poderosos, que más de una vez fueron parte fundamental en la destitución de gobiernos elegidos democráticamente.
En síntesis, creemos que debe haber un cambio en la forma en la que los monopolios operan en la Argentina, y otro cambio en lo que respecta a quiénes deben ser los representantes democráticos del pueblo que lleven adelante ese cambio. ©